Apuntes sobre cambios de paradigmas en el abordaje de las violencias machistas

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Elena Rhoda Pilcher.

Especialista en violencias machistas y parte de la red AKAFEM



Este artículo pretende poner el foco en los cambios que se han dado en el abordaje de las violencias machistas a lo largo de las últimas décadas hasta el presente. La intención es aportar una reflexión política que analiza una trayectoria tomando perspectiva para analizar el presente y dibujar horizontes de futuro. Allá vamos…

Tras años de movilizaciones y reivindicaciones feministas se aprobaba en diciembre de 2004 la Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Uno de los principales avances propiciados por esta ley fue generar un marco estatal de derechos y políticas públicas de protección integral, ya que la legislación previa básicamente se había limitado a reformas del Código Penal. Y el ámbito penal es claramente insuficiente para abordar de forma global las violencias machistas, entre otras cuestiones, porque no actúa sobre la dimensión estructural de las violencias sino sobre relaciones interpersonales, no aporta una dimensión preventiva porque actúa una vez ocurrida la agresión y además genera exclusiones ante diversas situaciones a la hora de garantizar protección.

Esta ampliación de la respuesta pública frente a las violencias machistas se venía reclamando desde diversos feminismos y profesionales que trabajaban en este campo. Cierto es que ya planteó de partida límites importantes, principalmente el tipo de violencia que se reconocía, es decir, aquella que se da en el ámbito de la pareja-expareja (cuando el anteproyecto de ley contemplaba la violencia ejercida sobre la mujer), y que el acceso a muchos de los derechos reconocidos seguía estando muy mediado por la denuncia penal.

En la implementación de la protección social las comunidades autónomas y las corporaciones locales tienen un papel fundamental, de hecho, la ley de 2004 (art. 19) encomendó a estas la organización de los servicios de asistencia social integral (ahora atención social).

En el marco de sus competencias todas las comunidades autónomas cuentan con su propia legislación en materia de violencias machistas, aunque esta terminología es variable y también lo es la profundidad o extensión en la articulación de la protección social y prevención. En este punto es importante señalar que a partir de la legislatura autonómica que dio inicio en el 2015 se ha producido una amplísima reforma de la legislación autonómica, la mayoría de ellas han modificado sus leyes o incluso han aprobado nuevas. Aunque el alcance de estas reformas es muy heterogéneo, las principales líneas comunes de cambio han sido: ampliación de la definición de violencia machistas y de las manifestaciones de la misma, la ampliación de sujetos que pueden acceder a la protección, facilitar el acceso a la red de asistencia integral y recuperación, fortalecer cuantitativa y cualitativamente la red de servicios y recursos, desarrollar mecanismos de garantía de efectividad y también el control sobre las actuaciones llevadas a cabo por los poderes públicos, sujetas a evaluación.

En este recorrido de cambios normativos también hay que tener en cuenta el Real Decreto-ley 9/2018, de Medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Modificó la Ley orgánica 1/2004 (art. 23) ampliando la posibilidad de acreditar situaciones de violencia de género mediante títulos no judiciales para el acceso a derechos, recursos y prestaciones. Es decir, se amplían las vías de acceso a la protección social integral a través de servicios sociales, servicios especializados, casas de acogida, organismos con competencia en materia de violencias machistas… Y son las comunidades autónomas las que determinan estas vías de acceso. Por tanto es preciso prestar atención a que estas vías de acceso sean efectivas y evaluar con evidencias que están facilitando más el acceso.

Esta línea de avance es especialmente importante para el acceso a los derechos sociales y económicos, es decir, a derechos como los relacionados con ingresos económicos -ya sean laborales o de garantía de ingresos-, con el acceso a la vivienda o residencia. Estos derechos económicos y sociales son necesarios para garantizar las condiciones materiales en las se da la protección integral de la que venimos hablando, tanto para la prevención de las violencias machistas, la protección y la recuperación.

Con la aprobación de la Ley de garantía integral de libertad sexual el marco de protección integral y las vías no judiciales de acceso a la misma se extiende a las violencias sexuales.

También con Real Decreto-ley 9/2018 los ayuntamientos recuperaron las competencias en materia de “actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género”, que en coordinación con las comunidades autónomas tienen un papel importante en la respuesta frente a las violencias machistas.

En resumen, con este marco, desde una perspectiva institucional, las políticas de todas las Administraciones tienen un amplísimo margen de actuación ante las violencias machistas para articular medidas de prevención, protección y de recuperación integral. Y si lo pensamos desde una perspectiva municipal estas medidas pueden comprender, entre otras, sensibilización, detección, asesoría, información, acompañamiento, intervención social, recursos de acogida, atención psicológica, asesoría jurídica, formación, inserción sociolaboral, ayudas económicas de urgencia, recursos para alimentación…

Aunque contamos con un marco normativo que favorece el desarrollo de políticas públicas, la puesta en práctica y el alcance de las mismas depende de la voluntad política de las instituciones. Por tanto, la conquista de derechos no acaba con el reconocimiento formal de estos, es decir, con que queden reflejados en leyes, sino que esta continúa logrando que estos derechos sean efectivos, que funcionen y que se amplíen si son insuficientes. Por tanto, aquí tenemos largo recorrido para garantizar los derechos y las políticas públicas en relación a las violencias machistas.

Además de estos avances y cuestiones pendientes también podemos señalar algunas iniciativas interesantes que se están dando en el plano municipal. En este sentido es preciso señalar el sello feminista de políticas municipalistas las cuales tuvieron mucho auge en la pasada legislatura pero que también tienen continuidad en experiencias presentes en la actualidad, porque el qué, el cómo y con quién importa a la hora de desplegar estas actuaciones.

Una de las características de las políticas municipalistas es la proximidad y las posibilidades de cercanía con la población y con las organizaciones de base. Así que cabe señalar la creación y promoción de espacios de encuentro y de alianzas comunitarias con asociaciones o entidades feministas y no tanto con empresas de dudosos principios feministas.

Ilustración de @pnitas

Pero además es interesante apuntar también la ampliación de la mirada a otros sujetos no mujeres. En este sentido, cabe señalar que la imposición del sistema sexo género binario (hombres y mujeres) y de heterosexualidad obligatoria también genera violencias. De manera que existen iniciativas municipalistas de espacios que atienden precisamente a una perspectiva más amplia que se constituyen como espacios de referencia de las asociaciones y entidades LGTBI y que despliegan su actividad en colaboración con estas para abordar cuestiones relativas a la identidad y expresión de género así como de orientación sexual.

Otro giro interesante es la problematización de la masculinidad de iniciativas municipalistas que se dirigen a desmontar la masculinidad hegemónica y promover y posibilitar otras formas de vivir la masculinidad (que sean más igualitarias), a ampliar las formas de identificación posible con el género y la masculinidad. En relación a esto, no se trata tanto generar modelos alternativos cerrados sino ampliar las posibilidades de identificarse con la masculinidad y también de ser hombre.

Hacia un derecho a una vida libre de violencias

No se puede obivar en este análisis que el último ciclo internacionalista feminista contra las violencias machistas fue coetáneo en el Estado español al ciclo de cambio institucional. Diversas instituciones se hicieron eco y esto tuvo un reflejo en la política institucional que fue más permeable a estas transformaciones masivas feministas. Teniendo en cuenta el impacto de las diversas movilizaciones feministas y las transformaciones que se han dado en el ámbito de derechos y en el ámbito institucional en las últimas décadas se han ido dando cambios de paradigmas en el abordaje de las violencias machistas. Hemos pasado de reformas del Código Penal, al marco de una protección integral frente a las violencias machistas (no todas, hasta ahora la violencia de género en el ámbito de la pareja-expareja y múltiples manifestaciones de violencias sexuales) al derecho a una vida libre de violencia. Este último es más un paradigma abierto y un horizonte que una cambio ya consolidado. 

El grito en común de Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos (Argentina 2015 y 2016) extendido a través de las movilizaciones internacionales feministas supuso, y supone, consignas claves para entender que “no solo vamos a poner fin al machismo sino que estamos construyendo otras formas de vivir nuestras vidas”. Realiza una crítica a la violencia que supone el patriarcado más allá de los feminicidios, de manera que la demanda del cese de las violencias y feminicidios lleva a exigir la reapropiación de la vida, es decir, que impugna la violencia que supone la desposesión de la vida.

Esta ampliación de la mirada da relevancia también a las violencias y desigualdades sistémicas, que van más allá de las agresiones interpersonales (que también). Desde esta perspectiva sistémica, el patriarcado no actúa solo, sino en alianza con el racismo (también políticas y lógicas coloniales) y el capitalismo

Claro que esta tarea no es solo de las instituciones, en este sentido los diversos movimientos sociales son clave. Pero sí es un reto cómo traducir estas cuestiones a la práctica institucional de manera que acompañe y recoja las transformaciones sociales.

Puedes ver la entrevista que le hemos hecho a Elena, en la que se extiende sobre algunos de estos temas, pinchando aquí.